Es una pregunta que me hacen con frecuencia: «Si mi empresa tiene deudas y no puede seguir, ¿puedo cerrarla y abrir otra nueva?» La respuesta no es sencilla, porque depende de cómo se haga y de las circunstancias concretas. En algunos casos es perfectamente legal; en otros, puede constituir un fraude que active el levantamiento del velo societario y la responsabilidad personal del empresario.
¿Es legal cerrar una empresa con deudas y abrir otra?
La libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución) permite a cualquier persona constituir nuevas sociedades. No existe ninguna norma que prohíba crear una empresa después de haber cerrado otra. Pero la legalidad de la operación depende de cómo se cierre la primera y de cómo se constituya la segunda.
Si la primera empresa se disuelve y liquida correctamente — pagando sus deudas o, si es insolvente, pasando por el concurso de acreedores —, no hay ningún problema en crear una nueva sociedad para continuar la actividad empresarial.
El problema surge cuando el empresario abandona la primera sociedad con deudas pendientes y constituye una nueva sociedad con el mismo objeto, los mismos clientes, los mismos trabajadores y los mismos activos. En ese caso, los tribunales pueden aplicar la doctrina del levantamiento del velo para responsabilizar al empresario de las deudas de la sociedad abandonada.
El levantamiento del velo societario
El levantamiento del velo es una doctrina jurisprudencial que permite a los tribunales prescindir de la separación formal entre la sociedad y sus socios o administradores cuando la personalidad jurídica se utiliza de forma abusiva o fraudulenta.
El Tribunal Supremo, en la STS 5161/2010, de 19 de octubre (ponente: Corbal Fernández), aplicó esta doctrina a un caso de sucesión fraudulenta de empresas:
«La existencia de una sucesión de empresas efectuada para un fin fraudulento: burlar el cumplimiento de obligaciones contractuales y eludir el pago de lo debido. […] La responsabilidad no deriva de una hipotética responsabilidad societaria, sino de una actuación, en principio lícita — sustituir una sociedad por otra para continuar las actividades de aquélla — que deviene torticera por el propósito de perjudicar a tercero».
Es decir: crear una nueva empresa para continuar exactamente la misma actividad que la anterior, mientras se dejan impagadas las deudas de ésta, es un fraude que los tribunales pueden y suelen sancionar.
Indicios de sucesión fraudulenta de empresas
Los tribunales analizan una serie de indicios para determinar si la creación de la nueva empresa es legítima o fraudulenta:
Identidad de objeto social — La nueva empresa se dedica exactamente a lo mismo que la anterior.
Identidad de socios y administradores — Las mismas personas controlan ambas sociedades, o utilizan testaferros (familiares, empleados de confianza).
Traspaso de activos — Los bienes, maquinaria, vehículos o propiedad intelectual de la primera empresa aparecen en la segunda sin una transmisión a precio de mercado.
Traspaso de clientes y contratos — La nueva empresa hereda la cartera de clientes de la anterior.
Traspaso de trabajadores — Los mismos empleados pasan a trabajar en la nueva empresa. Esto puede constituir una sucesión de empresa a efectos laborales (art. 44 del Estatuto de los Trabajadores), con responsabilidad solidaria por las deudas laborales.
Misma sede o establecimiento — La nueva empresa opera desde las mismas instalaciones.
Vaciamiento patrimonial de la primera — La sociedad original queda sin activos con los que responder frente a sus acreedores.
Cuantos más indicios concurran, más probable es que los tribunales aprecien una sucesión fraudulenta y apliquen el levantamiento del velo.
Consecuencias del levantamiento del velo
Cuando los tribunales levantan el velo societario, las consecuencias son severas:
Responsabilidad personal — El socio o administrador responde con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad abandonada.
Extensión de la responsabilidad a la nueva sociedad — La nueva empresa puede ser condenada solidariamente al pago de las deudas de la anterior.
Posible responsabilidad penal — En los casos más graves, el vaciamiento patrimonial puede constituir un delito de insolvencia punible (art. 259 del Código Penal) o de alzamiento de bienes (art. 257 CP), castigados con penas de prisión de uno a cuatro años.
Cuándo es legítimo cerrar y abrir otra empresa
La operación es legítima cuando se cumplen estas condiciones:
1. La primera empresa se cierra correctamente — mediante disolución y liquidación voluntaria o concurso de acreedores. No se abandona sin más.
2. No hay traspaso fraudulento de activos — los bienes se transmiten a precio de mercado, con factura y tributación correspondiente, o se liquidan dentro del procedimiento.
3. La nueva empresa tiene un proyecto empresarial diferenciado — aunque sea en el mismo sector, tiene su propia estructura, financiación y plan de negocio.
4. No hay intención de perjudicar a los acreedores — el propósito no es eludir el pago de deudas, sino iniciar una nueva actividad empresarial.
La responsabilidad del administrador
Si la primera empresa se abandona sin disolver, el administrador se expone a la responsabilidad del artículo 367 LSC por las deudas posteriores a la causa de disolución, como ha reiterado el Tribunal Supremo en la STS 1002/2024.
Además, si se aprecia sucesión fraudulenta, el administrador puede responder por la acción individual de responsabilidad (art. 241 LSC) frente a los acreedores directamente perjudicados por su actuación.
Y si existe vaciamiento patrimonial, Hacienda y la Seguridad Social pueden derivar la responsabilidad tributaria al administrador sin necesidad de acudir a los tribunales.
Consulta tu caso antes de actuar
Si estás pensando en cerrar tu empresa y abrir otra, es imprescindible hacerlo con asesoramiento legal. La diferencia entre una operación legítima y un fraude está en los detalles del procedimiento, y las consecuencias de equivocarse pueden incluir la responsabilidad personal por todas las deudas e incluso consecuencias penales.
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