Qué son las prohibiciones de contratar
Las prohibiciones de contratar son circunstancias legales que impiden a una empresa o persona física participar en licitaciones públicas. Están reguladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y constituyen un mecanismo de protección del interés público que excluye del mercado de la contratación pública a quienes han incurrido en conductas graves.
Para cualquier empresa que depende de contratos con la Administración, una prohibición de contratar puede suponer la pérdida total de su actividad económica. Por eso es fundamental conocer las causas, su duración y las vías legales para evitarlas o revocarlas.
Causas de prohibición de contratar (art. 71.1 LCSP)
El catálogo de prohibiciones del artículo 71 LCSP es extenso. Las principales causas se agrupan en las siguientes categorías:
Condenas penales firmes
Constituye prohibición de contratar haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, organización criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas de funcionarios, blanqueo de capitales y delitos relativos a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
Infracciones tributarias y de Seguridad Social
No estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes es causa de prohibición. Esto incluye tener deudas con la Agencia Tributaria o con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Resolución culpable de contratos anteriores
Haber dado lugar, por causa de la que el contratista sea responsable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad del sector público. Esta prohibición se aplica cuando los pliegos calificaron como esencial la obligación incumplida.
Sanciones administrativas firmes
Haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, por infracción muy grave en materia medioambiental o por infracción muy grave en materia laboral o social.
Incumplimiento de obligaciones de igualdad y discapacidad
Las empresas con 50 o más trabajadores que no cumplan el requisito de que al menos el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad incurren en prohibición. Igualmente, las empresas obligadas a tener un plan de igualdad registrado que no lo tengan (obligatorio desde 2024 para empresas con más de 50 empleados).
Duración de las prohibiciones de contratar
La duración varía según la causa. En el caso de condenas penales, la prohibición se extiende mientras dure la pena de inhabilitación. Para las infracciones administrativas, el plazo máximo es de tres años si la infracción es grave y de cinco años si es muy grave, contados desde la fecha de la resolución sancionadora firme.
En el supuesto de resolución culpable de contratos, la prohibición tiene una duración máxima de cinco años.
Medidas de autocorrección (self-cleaning)
La LCSP, en línea con las Directivas europeas de contratación, permite que una empresa incursa en causa de prohibición pueda acreditar que ha adoptado medidas de autocorrección suficientes para demostrar su fiabilidad. Estas medidas incluyen:
El pago o compromiso de pago de la indemnización por los daños causados, la colaboración activa con las autoridades investigadoras, y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal concretas para evitar la reiteración de la conducta (programas de cumplimiento normativo, auditorías internas, sistemas de control).
La valoración de estas medidas corresponde al órgano de contratación competente para declarar la prohibición, que deberá motivar su decisión.
Cómo actuar ante una prohibición de contratar
Si su empresa se enfrenta a una posible prohibición de contratar, existen varias vías de actuación según el momento procesal:
Antes de la declaración: la mejor estrategia es preventiva. Mantener al día las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, implementar un programa de compliance, tener registrado el plan de igualdad y cumplir la cuota de discapacidad son medidas que eliminan las causas más frecuentes de prohibición.
Durante el procedimiento: si se ha iniciado un expediente de prohibición de contratar, es posible alegar y aportar pruebas de las medidas de autocorrección adoptadas. Contar con asesoramiento legal especializado en este momento es determinante.
Tras la declaración: cabe recurso contencioso-administrativo contra la resolución que declare la prohibición. Además, la prohibición puede revisarse si se acreditan circunstancias sobrevenidas.
Asesoramiento legal en contratación pública
Las prohibiciones de contratar afectan directamente a la supervivencia económica de muchas empresas. Si su empresa está en riesgo de ser excluida de la contratación pública o ya ha recibido una notificación de inicio de expediente, contacte con un abogado especialista en contratación pública que pueda evaluar su situación y diseñar una estrategia de defensa eficaz.
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